Procesan a Cristina Kirchner, embargan $ 10.000 millones de pesos

Cristina Kirchner

La procesan antes de finalizar el año 2017

El juez Julián Ercolini la procesó por asociación ilícita en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, y le trabó un embargo sin precedente de $ 10.000 millones. La medida alcanza a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del ex presidente), además de otras ex autoridades de Vialidad Nacional y Provincial. El procesamiento también se dictaminó sobre el empresario K favorecido con U$S 3.300 en contratos viales durante los gobierno k

En 794 páginas y con un marcado acento en la conformación de “una asociación” para cometer delitos -algo que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques calificaron como un “plan criminal” para favorecer a Báez, en perjuicio del erario público-, el Juez fundamentó el procesamiento de la ex Presidenta por ser la principal autoridad del gobierno que definió las obras que se le destinaban a Báez. Según una auditoría de Vialidad Nacional, prueba clave en la causa, Cristina favoreció al Grupo Austral con el 78,4 % de los contratos viales que iban a la provincia. Un 50 % de esas obras quedaron inconclusas, pero el empresario K las cobró con sobreprecios del 65%.

Auditorías sobre la obra pública, decretos de nombramiento de funcionarios, documentación de las licitaciones que reflejan sobreprecios y ex funcionarios de Vialidad que declararon sobre la falta de controles al momento de adjudicar obras y certificaciones, fueron pruebas evaluadas por el Juez y que aportaron los fiscales Pollicita y Mahiques.

Así, Ercolini concluyó que Cristina Kirchner, De Vido, López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, el empresario K y otros funcionarios de Vialidad habrían “formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse legítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

Este esquema terminó perjudicando “los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional” con el fin de procurar “un lucro indebido propio o de terceros como el de Lázaro Báez”, indica el fallo.

Nada podría haber sucedido, según el Juez sin “la conversión formal de Báez”, amigo de los Kirchner con el que establecieron numerosas operaciones comerciales, “en empresario de la construcción” pese a que previo a ello no sólo trabajaba en el banco Santa Cruz sino que era monotributista. “Insertado en el negocio de la obra pública”, el empresario K recibió 52 contratos según los números de Vialidad, por U$S 3.232 millones y U$S 1.100 millones en sobreprecios.

A Báez, doblemente procesado por lavado de dinero y preso hace ocho meses, le habrían procurado “un lucro indebido al asignarle -de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas en esa provincia”.

Entre los años 2003-2015 las empresas de Báez, en reiteradas oportunidades, “incumplieron las obligaciones que habían asumido al no ejecutar las obras” lo que motivó a que algunas se les rescindieran los contratos. Y en otros casos, se le destinaran más fondos. La falta de “restitución en tiempo y forma de los adelantos financieros” sumado a que las licitaciones “se otorgaron por valores de un 15 % superior al costo del presupuesto original”, fueron cálculos determinantes para trabar el embargo de $ 10.000 millones.

Fuente: Clarin

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